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El Ayuntamiento apoya en sus reivindicaciones a las víctimas de bebés robados y de adopciones ilegales


El alcalde, Carlos González, junto a los ediles Esther Díez y Puri Vives, la secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, Toñi Serna, y el director general de Calidad Democrática, Iñaki Pérez, se reúne con miembros y la junta directiva de la Asociación de Víctimas de Bebés Robados y Adopciones Irregulares de Alicante (AVA)


El Ayuntamiento de Elche apoya en sus reivindicaciones a las víctimas de bebés robados y de adopciones ilegales. El alcalde, Carlos González, manifestó a la Asociación de Víctimas de Bebés Robados y Adopciones Irregulares de Alicante (AVA) que el Gobierno municipal, en cooperación con el Consell, está a su “entera disposición para colaborar en cuanto consideréis que pueda ser útil a vuestra causa con el fin de hacer justicia y, de alguna forma, reparar mínimamente el daño causado por esta situación que no tiene nombre”.

González realizó dichas declaraciones en la tarde de ayer, en el encuentro mantenido en la Sala del Consell del edificio consistorial con miembros y la junta directiva de la AVA –encabezada por su presidenta, la ilicitana María José Picó, y por su portavoz y secretario, Francisco Alarcón– en el que asimismo estuvieron presentes las ediles Esther Díez y Puri Vives, la secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, la también ilicitana Toñi Serna, y el director general de Calidad Democrática, Iñaki Pérez.

González pone a disposición de los afectados la institución municipal en una jornada en la que la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática proyecta el documental ‘Morir tranquil·la. Bebés i mares furtades a terres valencianes’

La reunión, celebrada previamente antes de la proyección en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx del documental producido por la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ‘Morir tranquil·la. Bebés i mares furtades a terres valencianes’ –escrito y dirigido por Sergi Tarín–, sirvió de marco para estrechar lazos entre la institución autonómica y local y las personas afectadas de la provincia por un auténtico atentado contra los Derechos Humanos llevado a cabo en todo el territorio nacional sistemáticamente durante décadas.

“Con este encuentro pretendemos saber más de vosotros, de la AVA, además de ponerle cara al drama terrible que muchos conocen en abstracto y que trabajáis en primera persona, haciendo una gran tarea”, expresó el regidor, que agradeció asimismo a Serna y a Pérez el respaldo y la presencia de la Conselleria.

La secretaria autonómica dio la gracias al Ayuntamiento por haber acogido la propuesta de presentar el documental en Elche. “Cuanta más gente conozca la situación oculta durante mucho tiempo, mejor”, añadió Serna tras ensalzar “la valentía” del Ayuntamiento por visibilizar el tema.

El portavoz de la AVA incidió en la trama de neonatos sustraídos en la capital del Baix Vinalopó: “Hay más casos, no sabemos cuántos en total. Sin embargo, aquí en Elche ejercía un profesional que coincide en todos los casos, por lo tanto, sospechamos que existen muchos más”.

Por ello, la entidad dirigida por Picó instó al Ayuntamiento a “facilitar la difusión de nuestra lucha” y ofreció la experiencia de la AVA a personas que tienen sospechas de ser víctimas o que por el momento no se han atrevido a hacerlo público: “Muchas de ellas se encuentran perdidas, no saben dónde acudir, se enteran tarde de que son adoptadas o no quieren mover todo esto hasta que los progenitores de crianza fallezcan para no hacerles daño”, explicó Alarcón, destacando algunos de los inconvenientes principales que se encuentran: “Toda la documentación con la que cuentan es falsa; su vida está montada sobre documentos falsos en los que constan los padres de crianza y no los biológicos. Las lo administraciones tienen los medios para investigar y ayudar”, apostilló.

Unas cifras dramáticas

Se calcula que en España existen unos 30.000 casos de recién nacidos sustraídos a sus madres alegando fallecimiento del bebé tras el parto. De dicho número, 3.000 corresponderían a la Comunidad Valenciana y unos 150 al municipio ilicitano. Sin embargo, de manera oficial, solo medio centenar de las más de 2.100 diligencias abiertas por la Fiscalía entre 2011 y 2021 fueron judicializadas. Y en la actualidad son escasos los procesos abiertos, siendo los restantes archivados por distintos motivos.

Son unas cifras aberrantes desde el punto de vista cuantitativo y humano; el sufrimiento que hay detrás de cada una de estas familias es realmente estremecedor por el sufrimiento injustificado”, dijo González, quien lamentó que Elche también haya sido escenario de tan “terribles prácticas”. Al mismo tiempo, agradeció a la AVA “la oportunidad de hablar con vosotros, conocer a las familias afectadas y que nos contéis detalles de vuestra encomiable labor”.

El compromiso municipal y autonómico con las víctimas va más allá de tomar conciencia, analizar la situación y prestar apoyo y erigir acciones para visibilizar y aumentar el conocimiento de la ciudadanía sobre esta lacra protagonizada a través del tiempo por elementos inmorales parapetados en organizaciones como centros sanitarios, registros civiles o congregaciones, los cuales practicaron impunemente la sustracción, el engaño y el tráfico de seres humanos.

El Ayuntamiento de Elche –a petición del Grupo Compromís– debatió y aprobó en la sesión plenaria del pasado enero solicitar al Congreso de los Diputados que la legislación nacional sobre bebés robados, paralizada por la Comisión de Justicia, siga su proceso y agilice su aprobación respetando el texto original de la proposición de ley, resultante del consenso político y social.

“Estamos encantado de poder dar difusión a vuestra causa”, manifestó la Esther Díez. “Con ello no repararemos todo el daño sufrido y que seguís sufriendo a lo largo de todas estas décadas, pero servirá para sensibilizar a la población, que muchas personas afectadas contacten con vosotros y que la legislación vea la luz en las Cortes en lo que queda de legislatura”, agregó la concejala. Por su parte, la edil Puri Vives animó a la AVA a “apoyarse” en el Área de Participación y Transparencia del Consistorio ilicitano.

El portavoz de la AVA, entidad dirigida por la ilicitana María José Picó, insta al Consistorio a “facilitar la difusión de nuestra lucha” al sospecharse que existen muchos más casos en el municipio de los reflejados oficialmente

El director general de Calidad Democrática subrayó que la Conselleria ha querido ayudar a las víctimas “en todo lo que nos habéis pedido” desde la primera vez que se reunieron con ellas en 2019. Y, aunque se han efectuado avances con la Conselleria de Sanitat en cuanto a expedientes y documentación, reconoció que la irrupción de la pandemia ha demorado las gestiones, las tareas de difusión y de acompañamiento al ser el coronavirus “una dificultad añadida”.

Pese a ello, la Generalitat continúa las conversaciones con los grupos parlamentarios para sacar adelante la legislación estatal que permitiría la creación de una fiscalía específica de bebés robados. También con el Gobierno central para que el programa que en otras comunidades se limita a los fusilados en la Guerra Civil se extienda a las víctimas de bebés robados y adopciones ilegales y puedan hacerse las pruebas genéticas con las que crear un banco de ADN estatal con el que efectuar los cruces de identificación.

“En definitiva: que contéis con nosotros. Podéis contar con vuestro Ayuntamiento y conmigo como alcalde para escucharos y tomar conciencia de un problema que también existe en nuestra ciudad”, concluyó el alcalde. Mientras que María José Picó dio las gracias al responsable del Equipo de Gobierno por la recepción.



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